Gobierno de Paraguay da marcha atrás con el acuerdo energético con Brasil
La decisión se conoció tras la indignación que provocó el documento entre la oposición, que acusó al presidente de ceder la soberanía energética a Brasil y amenazó con la posibilidad de solicitar un juicio político.
Paraguay anunció su decisión de “dejar sin efecto” un acuerdo que había logrado con Brasil para la contratación de energía a la represa binacional de Itaipú y acordar un cronograma de compra hasta 2022, un paso que obligará a reabrir la discusión sobre lo acordado, que generó de parte de la oposición paraguaya un pedido de destitución de varios funcionarios y una amenaza de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.
Aunque la firma del acta se produjo en mayo, la ciudadanía recién conoció de su existencia la semana pasada, cuando se filtró el mismo día de la renuncia del entonces titular de la Administración Nacional de Energía (Ande), Pedro Ferreira.
El documento provocó indignación entre la oposición paraguaya, que acusó al presidente de ceder la soberanía energética a Brasil y amenazó con la posibilidad de solicitar un juicio político contra Abdo Benítez.
Además, el gobierno pedirá a Brasil una convocatoria para que el acta vuelva a tratarse en la esfera técnica y no en la diplomática, como ocurrió en esta ocasión por desavenencias entre ambas partes, citaron medios locales y la agencia estatal IPP y EFE.
“Hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las Altas Partes en el transcurso de esta semana que se inicia, donde solicitaremos la anulación, dejar sin efecto, el acta bilateral y, al mismo tiempo, para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas, donde siempre se ha decidido y tratado”, expresó en conferencia de prensa el canciller Luis Castiglioni.
El diplomático reveló que ya se comunicó con su par brasileño, Ernesto Araújo, para expresarle la decisión de Paraguay de convocar a las partes y aseguró que aceptó “con mucho gusto”.
Brasil había solicitado a Paraguay que comprara energía acorde a su consumo y que presentara un cronograma hasta 2022, un año antes de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú de 1973, algo que desde el lado paraguayo no se hacía.
“Hay una gran irregularidad desde hace mucho tiempo. La última vez que hubo un contrato de compra de potencia fue en 2008 y desde allí nunca más hubo un contrato; después hubo arreglos de hecho y eso es muy peligroso para Paraguay. Necesitamos un contrato que asegure la previsibilidad”, aclaró Castiglioni en relación a lo especificado en el tratado.
