Escandalosa trama de extorsiones en el puerto de Deseado

Un sector de la estiba se negó a descargar el Aresit, pero obligaron a la empresa a que pagara los jornales “sin trabajar”. Los propios marineros debieron desembarcar la captura en medio de presiones y actos violentos. El Intendente acusó a un sindicalista y reveló que el año pasado extorsionaron a otra pesquera para que pueda exportar.

Un escándalo de proporciones se desató este miércoles en la localidad santacruceña de Puerto Deseado a partir de un insólito episodio protagonizado por la estiba del puerto que se negó a desembarcar el langostino que había en la bodega del buque congelador tangonero Aresit. Se trata del barco que tuvo a su tripulación afectada por Covid, aunque felizmente los pacientes superaron la enfermedad, el pesquero fue desinfectado y se aprestaba a descargar la mercadería para retomar su operatoria pesquera en aguas nacionales.

Los estibadores rechazaron hacer su trabajo, pero exigieron que la empresa propietaria de la embarcación Pesquera Deseado S.A. les abone los “jornales caídos”, cuando en realidad fueron ellos quieren se negaron a realizar el desembarque.

Los tripulantes del Aresit habían sido bajados y casi la totalidad ya tenía el alta médica por haber negativizado de coronavirus, y posteriormente se procedió a la desinfección integral de la embarcación, al tiempo que el Senasa dio la habilitación sanitaria del congelador, y el Ministerio de Salud certificó que los pacientes habían superado la enfermedad.

La empresa completó el sábado con la desinfección y sanitización de las instalaciones de la embarcación, pero la estiba se rehusó a realizar las tareas de descarga, lo que abrió un expediente administrativo en la Secretaría de Trabajo que dictó una conciliación obligatoria. Para destrabar el insólito e inusual planteo de los trabajadores que la estiba, se acordó que el desembarque del langostino en bodega lo hagan los propios tripulantes del barco.

Este miércoles cuando empezaron a bajar la carga, irrumpió en el puerto una facción del sindicato de estibadores y paralizaron por completo la descarga de todos los barcos, además del Aresit. Un hecho inaudito que viene a confirmar lo planteado por Revista Puerto en el día de ayer respecto a que la  intransigencia sindical desalienta inversiones en Santa Cruz.

Interna y anarquía gremial

Los estibadores que exigieron cobrar el jornal se negaron a trabajarlo, pero además intentaron impedir que los marineros descarguen la materia prima, a pesar de que era eso lo que había convenido el gremio en el arranque de semana.

El Secretario General del Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP), Raúl Mella, admitió que hay facciones que no responden a la conducción y fueron quienes irrumpieron en las instalaciones portuarias paralizando las actividades, violando la conciliación obligatoria.

Se trata de una interna sindical que lleva décadas en el gremio portuario deseadense. Mella reconoció que Senasa liberó el barco y Salud informó la situación sanitaria de los tripulantes; y a pesar de contar con tales documentaciones oficiales, ningún estibador quiso trabajar para el Aresit, pero si pidieron cobrar el jornal.

Admitió que no tiene control sobre todos sus afiliados y cuestionó la actividad adoptada por ese sector, reconociendo que la entidad sindical podría ser sancionada por la medida desproporcionada. “No puede reinar la anarquía, hay una comisión directiva y todos deben acatar lo que la conducción resuelve”, planteó.

Peligroso antecedente

Con todo, Pesquera Deseado debió pagar el doble por la descarga del Aresit, tanto a los estibadores como a los marineros que efectivamente hicieron la tarea. Un antecedente peligrosísimo para Puerto Deseado, porque ciertamente este episodio no será una anécdota en la actividad, al punto de que varias empresas empiezan a replantear la entrada de los barcos a ese puerto, porque no hay garantías de que puedan trabajar con normalidad.

González prendió el ventilador

La polémica generada en la localidad santacruceña durante la mañana del miércoles fue alimentada, además, por su propio intendente Gustavo González que en declaraciones a Radio FM Desiré reveló un oscuro entramado de extorsiones que se vendrían llevando a cabo en el ámbito portuario.

Ofuscado por la paralización del puerto y el bloqueo al Aresit, González no dudó en calificar a la situación como “lamentable”, y se esmeró en aclarar que “no son todos los estibadores lo que hacen esto. Hay que decirlo con nombre y apellido, esto lo pergeñó Carlos Blat”, denunció públicamente el jefe comunal.

“Blat fue a cortar la mano de la estiba. Este tipo le hace un daño inmenso no solo al puerto, sino a todo Puerto Deseado. No me voy a callar más, Blat viene apretando a las mineras y a empresas pesqueras”, ventiló el intendente justicialista que se apersonó en el muelle ante la escalada de conflictividad.

González anticipó que impulsará denuncias en el fuero federal y de la justicia ordinaria provincial contra “este tipo que se termina cagando en el resto de la actividad portuaria”, y lamentó que como consecuencia de esos episodios las empresas pesqueras tengan temor de ingresar a Puerto Deseado.

El Intendente confirmó que hubo agresiones físicas hacia personas que querían trabajar en la estiba, en la convulsionada mañana de ayer en la zona portuaria, al tiempo que afirmó que “no corresponde que a los estibadores se les pague ese jornalizado porque fueron ellos los que decidieron no hacerlo”, esclareció.

En la entrevista que el jefe comunal mantuvo con la emisora local lanzó una increíble revelación. Contó a la audiencia que esta misma persona por él señalada (Carlos Blat) “extorsionó el año pasado a otra empresa pesquera para que le depositaran un millón de pesos, si no, no les dejaba cargar los contenedores para exportación, y la empresa (a la cual no identificó) aceptó pagar”, manifestó.

El funcionario municipal reconoció haber estado al tanto de la comisión de un delito que abiertamente tipificó como “extorsión”. La magnitud de la revelación podría tener inmediatas derivaciones judiciales, aunque habrá que ver si en Santa Cruz hay algún fiscal que actúe de oficio, o si todos optan por ser ciegos, sordos y mudos.

Fuente: Revista Puerto