Las mineras en Santa Cruz, ¿se llevan todo y no dejan nada? – Parte 1

En el marco de una nueva entrega de nuestro espacio destinado a “Especialistas”, dedicado a compartir miradas y experiencias de profesionales con trayectoria en la industria, presentamos el aporte de Magalí Sequeira, Licenciada en Comercio Internacional y especialista en relaciones comunitarias con más de 15 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo social vinculados a la minería. Su trabajo, orientado a la generación de impactos positivos y sostenibles en comunidades anfitrionas, invita a reflexionar sobre el verdadero alcance del compromiso social empresarial en Santa Cruz.A continuación compartimos esta primera parte del trabajo de la Licenciada Sequeira:

Analizar la democratización de la información socioambiental abre una puerta clave para entender las tensiones entre comunidades, Estado y empresas extractivas. La narrativa dominante muchas veces simplifica la complejidad del vínculo: la idea de que “se llevan todo y no dejan nada” puede ser tanto una denuncia legítima como consecuencia de la falta de datos accesibles y transparentes. En esta oportunidad, me explayaré acerca del primer complejo exportador minero argentino, el caso de la Provincia de Santa Cruz. Finalmente, no solo trataré de plantear el problema, sino de generar insumos concretos para transformarlo en soluciones.

El acceso a la información: un derecho, una obligación y un instrumento que facilita la gestión social corporativa

En Argentina existe la ley de “acceso a la información pública ambiental” (Nro. 25.831), la cual genera un derecho exigible para que cualquier persona pueda acceder “libremente” a la información relacionada con el ambiente, y el Estado tiene la obligación de generar los canales o los medios para que las personas puedan acceder a ella.

Asimismo, en 2020 Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú mediante la aprobación de la Ley 27.566, lo cual posiciona a nuestro País como actor clave en principios de democracia, transparencia y acceso a la justicia en temas ambientales. Por lo cual los desafíos son cada vez mayores para los países productores y las empresas que se instalan en “tierras de oportunidades”.

Haciendo un paréntesis… se entiende que el ambiente no solo contempla el espacio natural sino el medio antrópico, es decir, el ambiente en donde desarrolla la vida de las personas que se ven impactadas (positiva o negativamente) por las operaciones de las empresas, es decir la Comunidad.

¿Qué hacen las empresas por su parte?

En una primera instancia presentan Estudios de Impacto Ambiental. Luego de ser presentados estos informes /estudios y aprobados por la autoridad de aplicación (Secretaria de Estado de Minería) los presentan en las Comunidades de influencia directa implementando Planes de responsabilidad social que incluyen programas de consulta, democratización y participación ciudadana, difunden a todos los actores involucrados press reléase, informes de sostenibilidad, etc, por lo cual y por su parte, su tarea pareciera estar cumplida.

¿Y el estado provincial que acciones impulsa para garantizar este derecho?

Por ahora, la manera es solicitando mediante nota por mesa de entradas de la Secretaria de Estado de Minería, en la ciudad de Río Gallegos el estudio de impacto ambiental del proyecto de interés. No existe web oficial donde se “cuelgue” esa información, ni plataformas digitales, ni ninguna red social donde se pueda acceder como ciudadano común a esa información. Tampoco es accesible ni en los Municipios, ni Concejos Deliberantes, ni en la propia Cámara de Diputados en donde también se remiten copias.

Tampoco se encuentra sistematizada la información donde se puedan ver resultados concretos acerca de impactos en los niveles de empleo, en el compre local, en las inversiones sociales, etc. Seguramente la información quizás esté publicada en algún lugar pero su accesibilidad es engorrosa.

Construir legitimidad mediante prácticas abiertas y auditables

Democratizar la información no es una demanda idealista, sino una necesidad técnica, institucional y política. La ausencia de información alimenta la especulación de la corrupción (corporativa y estatal), el conflicto, es decir genera desconfianza institucional, no solo en las empresas sino en los mismos gobiernos, en las cámaras empresarias, etc.

Ante la ausencia de información y de indicadores de distribución de beneficios provenientes de regalías, contribuciones a fondos fiduciarios o aportes voluntarios de responsabilidad social empresaria, la gente se sigue quejando, murmurando “se llevan todo, y no dejan nada”, “los políticos se roban todo”. Entonces ¿Doña Rosa tiene razón cuando se queja en Facebook o en alguna radio local?

¿Qué debieran demandar las empresas también como partes interesadas? Debieran solicitar al Estado provincial democratizar la información. Es un derecho que también tienen, pero no para que se convierta en sus defensores sino como una manera de otorgarle el status real que la Provincia posee en su liderazgo en el ranking nacional.

Concluyendo esta primera etapa, es menester advertir que la minería en Santa Cruz es estratégica para su desarrollo y lo seguirá siendo. Pero para que ese desarrollo sea sostenible y legítimo, debe estar acompañado de prácticas abiertas, auditables y accesibles para toda la ciudadanía.

Santa Cruz no puede pensarse en un territorio aislado, sino que debe manifestarse como modelo de desarrollo ambiental y social para el resto de las Provincias patagónicas que aún ven con recelo a esta industria. De esta manera también se puede pensar estratégicamente en un verdadero bloque patagónico capaz de absorber las potencialidades y capacidades que ofrece el territorio.

A partir de todo lo fundamentado en esta primera parte, en el próximo articulo brindaré propuestas concretas para mejorar la transparencia, fortalecer la legitimidad y generar beneficios tangibles para las Comunidades.

Quién es Magalí Sequeira?

Magalí Sequeira es Licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, especialmente en el diseño y ejecución de proyectos de inversión social y desarrollo productivo con enfoque en el desarrollo local, la diversificación económica y la prevención de conflictos socioambientales. Posee especializaciones en Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible (Universidad Externado de Colombia) y en Aspectos Regulatorios de la Minería: Derecho Minero (Universidad Austral de Argentina), además de formación en programas vinculados a la Responsabilidad Social y la Perspectiva de Género. Su trayectoria incluye trabajos con empresas mineras, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, siempre con el objetivo de generar impactos sociales sostenibles.

Algunos textuales que la definen

“Creo firmemente que las alianzas correctas conducen a resultados correctos. Por eso, tanto en el plano personal como profesional, busco conectarme con personas y proyectos que valoren el entorno y promuevan impactos positivos y transformadores que trasciendan el tiempo”.

“Estoy profundamente agradecida con los profesionales con quienes he trabajado, pues muchos de ellos han contribuido en esta trayectoria laboral a desarrollar habilidades diplomáticas y capacidad de gestión del riesgo social. Gracias a la participación como socia en la empresa familiar, he desarrollado resiliencia ante la frustración y el estrés, flexibilidad ante el cambio, poder de persistencia y capacidad para afrontar desafíos”.

“Me motiva integrarme en equipos donde pueda aportar templanza y confianza, facilitando la gestión de tensiones en procesos de cambio, mediante el diseño y ejecución de estrategias innovadoras de relacionamiento comunitario que impulsen resultados sostenibles y de bienestar social en comunidades anfitrionas de proyectos extractivos”.

“Cada desafío es una oportunidad para aprender y evolucionar. Mi interés está en las industrias extractivas, particularmente minería, por el compromiso de la industria en impulsar negocios responsables y sostenibles con valor social compartido. Desde la gestión y liderazgo de proyectos, apuesto por estrategias que fomenten alianzas estratégicas sólidas, de diálogo transparente, trabajo colaborativo y bienestar laboral en entornos cambiantes”.

Fuente: Extremo Minero